No me gusta la política, me incomoda ferozmente este gobierno, pero aparte de esto, me gusta poder tener este tipo de ópticas, pensando en un pais y no en otra cosa.

Si es así, ojalá lo suyo contagie a otros.

Un saludo.

Aguante el campooooo!!!…los felicitos!!!!!!!!!

Por Cecilia Nahón en el Le Monde Diplomatique
Criticadas como un instrumento distorsivo, confiscatorio, las retenciones también son alabadas como una medida redistributiva y antiinflacionaria, razonable en un contexto de precios internacionales récord. ¿Qué son en realidad? ¿Quiénes las aplican? ¿Qué gravan? ¿Cuáles son sus efectos macroeconómicos y distributivos?

- 1. ¿Son las retenciones un invento argentino? En ausencia de firmas estatales que exploten de manera directa los recursos, las retenciones a las exportaciones de productos de base primaria son una forma alternativa de captar socialmente las rentas procedentes del suelo y el subsuelo nacional. Se trata de un instrumento admitido por la Organización Mundial del Comercio (OMC) y utilizado por un tercio de sus naciones miembro (3).Casi 50 economías en el mundo aplican impuestos específicos a las exportaciones de arroz, café, carbón, aceites, bananas, avellanas, maderas y diamantes en bruto, entre otros. Algunos ejemplos destacados son Turquía, India, Malasia, Indonesia, Tailandia,Sudáfrica, Costa Rica y Colombia.

- 2. ¿Son “legítimos” los derechos de exportación? La diferencia entre la ganancia normal que se obtiene al producir en tierras de peor calidad y la sobreganancia que aparece en las tierras más fértiles es lo que la economía política denomina “renta diferencial de la tierra”. Es, en todo, equivalente a la renta de un monopolio.Las retenciones no gravan por lo tanto -que tienden a su nivel medio o normal- sino la renta de la tierra basada en las extraordinarias condiciones agroecológicas del suelo argentino. Por ello, no son sustituibles ni equiparables al impuesto a las ganancias, ni menos aun confiscatorias: el Estado no puede quitarle al productor aquello que le pertenece.

- 3. ¿Atentan las retenciones contra la rentabilidad? El margen bruto por hectárea -es decir, los ingresos menos los costos- de los principales cultivos no sólo no ha disminuido, sino que hoy es un 38% superior al margen de la campaña 2006/2007 y un 88% superior al período 2005/2006, aun bajo la aplicación de las retenciones móviles (ver cuadro Nº 1). La comparación con el margen promedio de la actividad en la década de 1990 es todavía más favorable: con la aplicación de retenciones a la rentabilidad actual es un 138% superior a la vigente entre 1991/2001.

* 4. ¿Son las retenciones antiinflacionarias? Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el precio mundial de los alimentos se ha encarecido en un 45% en los últimos nueve meses, y en diciembre pasado se registró el alza mensual de precios más alta en 20 años. (… Las retenciones se interponen entre elprecio mundial y el precio interno, reduciendo este último aun frente a aumentos del primero. En otros términos, los derechos de exportación favorecen el desacople de los precios internos y los mundiales. Las retenciones móviles refuerzan esta desvinculación, ya que establecen un techo a los precios cobrados por los exportadores, al aumentar el nivel de la alícuota a medida que crecen los precios internacionales.

* 5. ¿Cómo ayudan las retenciones a la diversificación agropecuaria? En el caso de la carne, la opción por la agricultura suele implicar la liquidación de stocks y, consecuentemente, una menos producción ganadera en el mediano plazo, con su consiguiente efecto sobre los precios locales. Al interior de la producción agrícola la ecuación es similar: la mayor rentabilidad relativa de la soja ha desplazado territorialmente la producción de otros cultivos y, además, se ha reflejado en una mayor tasa de expansión vis-a-vis del trigo y del maíz, entre otros (Arceo y González, pág. 11). Por tanto, un mayor nivel de retenciones sobre la soja busca reducir su rentabilidad en relación con otros cultivos incluidos en la canasta alimenticia, para promover una mayor oferta en el mercado interno. En rigor a través de esta política se persigue primariamente un objetivo de más largo alcance: favorecer la soberanía alimentaria nacional, es decir, la provisión de una canasta alimenticia accesible a la población.

* 6. ¿Son las retenciones redistributivas? La respuesta a esta pregunta tiene dos facetas. En un caso, la respuesta es decididamente positiva: en la medida en que abaratan los productos sujetos a retenciones -y sus derivados- en el mercado local este instrumento sirve para mantener el poder adquisitivo del salario y mejorar la distribución. Pero ésta es solamente una parte de la cuestión; la otra exige evaluar el destino de esos recursos, que hoy aportan alrededor del 15% del presupuesto nacional. ¿Para qué se usan? (… Luego de años de estancamiento, la inversión pública creció más de tres veces (en proporción al PBI) desde el momento de la devaluación, duplicando los registros de los años ’90 (12). No es un aumento suficiente, especialmente en un país con un enorme atraso en materia de infraestructura y vivienda social, pero la reversión de la tendencia es al menos auspiciosa. Son una de las fuentes destinadas a sostener la paridad depreciada de la moneda local (el dólar caro). Se trata de un destino progresivo, en tanto y en cuanto el nivel “competitivo” del tipo de cambio posee un marcado sesgo productivo y a favor de la creación de empleo. En pocas palabras se trata de un escenario redistributivo con luces y sombras, donde resta mucho por hacer.

* 7. ¿Alcanza con las retenciones? El conflicto reciente condensó, de manera vertiginosa, la disputa por el excendente económico en la Argentina actual. Se trata de una disputa propia de una economía en expansión, con crecientes problemas de inflación. (… Felizmente, una de las herencias más relevantes del conflicto agropecuario fue la presión ejercida para la elaboración de una política agropecuaria nacional que, preferentemente, sea de largo alcance e incorpora las muchas heterogeneidades existentes en el sector. Resulta irónico que este pedido contradiga el discurso sostenido por las entidades agropecuarias -especialmente las más influyentes-, que abogan por un Estado mínimo, que no interfiera con el “libre” desarrollo del sector. (… La necesidad de un plan de desarrollo involucra a la totalidad de la economía argentina.

Entre otras cuestiones importantes se desnudó nítidamente, que algunos flancos sobre los que nos golpean con dureza nuestros enemigos, son producidos por errores y omisiones imperdonables propios, como el de pensar que el Partido Justicialista podría ser un instrumento político eficaz para sostener las políticas que profundicen los cambios; o el de llevar adelante una línea de acuerdos con los multimedios de prensa, sobre la base de facilitarles su condición monopólica, creyendo que de esta manera se los podría “controlar”. Pero también hay algunos hechos que, por lo menos para nosotros, son dolorosos.

Desde Libres del Sur les hemos preguntado en mas de una oportunidad a los compañeros del campo popular en general, y a la dirigencia de la Federación Agraria en particular, que acompañan los reclamos de la Sociedad Rural y Confederaciones Rurales, por qué están sentados al lado de los representantes de esa oligarquía apátrida que gobernó con los conservadores, las dictaduras militares genocidas y el menemismo, siempre de espaldas al país y de cara a las potencias imperialistas.

Por qué, si hasta hace pocos meses estábamos juntos, marchando en la calle para denunciar la concentración de la tierra y el modelo agrícola sin productores rurales, de los que estos vendepatrias de ayer y de hoy son principales beneficiarios, hoy ustedes están con ellos peleando contra nosotros.

Por qué, si a lo largo de estos años hemos coincidido en cientos de debates públicos y privados, que si bien este proyecto nacional tiene muchos límites objetivos y subjetivos, claramente no representa la continuidad del neoliberalismo mememista y entonces -como mínimo- es indispensable apoyar todas y cada una de sus medidas de avance, hoy ustedes mantienen un conflicto bajo la consigna de la eliminación lisa y llana de las retenciones móviles, que afectan a los sectores mas concentrados de los agronegocios.

Por qué, si todos somos concientes que la alternativa posible a este gobierno es por derecha, hoy ustedes se suman a un conflicto que trasciende largamente el reclamo sectorial, y se encolumna en la campaña a través de la cual la derecha busca desestabilizar los gobiernos progresistas elegidos democráticamente en la región, como sucede en la Bolivia de Evo Morales.

Nos han venido dando variadas respuestas, todas fundamentadas en débiles argumentos. “Es sólo una táctica, no renunciamos a nuestros principios, denunciamos la política del gobierno que promueve la desaparición de los pequeños productores y la concentración de la tierra” dicen algunos. Quizás para ustedes sea aceptable aquello de que “sino puedes con tu enemigo únete a él”, y se ponen al lado los más grandes propietarios de tierras de este país. Esa máxima estuvo muy en boga en los ´90. Para nosotros -como en aquella época tan dura- sigue siendo una actitud execrable.

“La oligarquía ya no existe” dicen otros (o los mismos). Si coincidimos que las tierras más ricas de la Argentina están en manos -desde el siglo XIX- de unas pocas familias “tradicionales”, a las que desde el campo popular siempre las denominamos oligarquía, ¿cual sería la razón para que le cambiemos el nombre?. Quizás ahora ya no tienen el mismo comportamiento. ¿Se volvieron democráticas y defienden consecuentemente los intereses de toda la Nación, incluso los de los mas pobres, de los indigentes y los excluidos?.

El pez por su boca muere. Para relevarnos de aportar pruebas nos remitimos a las palabras de Mario Llambías, presidente de la CRA. “Enfrente está el zoológico”, dijo aludiendo al acto en defensa de las retenciones, del que un conjunto de organizaciones populares participaremos frente al Congreso Nacional el próximo martes. Llambías recuerda perfectamente -y nosotros también- que sus predecesores de la Sociedad Rural de la década del ´40 llamaron “aluvión zoológico” a los miles argentinos y argentinas que participaron de la histórica molilización popular del 17 de octubre de 1945, que fue el inicio de la refundación de nuestra patria. Y esa denominación fue repetida entonces por representantes de la izquierda argentina en las mas variadas versiones de aquél entonces. Y cada vez que estudiamos ese período sentimos verguenza por lo que nos pasó.

Los que acompañen a Llambías de aquí en mas desde representaciones provenientes del campo popular, ya sea compartiendo palcos o participando de actos, confirman aquello de que la historia primero se produce como tragedia y después como farsa.

Isaac Yuyo Rudnik
Libres del Sur

Este relevamiento no fue responsabilidad de una oficina de información del Gobierno, sino que lo realizó un especialista vinculado al sector agropecuario, Ernesto Liboreiro, director de la Fundación Instituto para las Negociaciones Agrícolas Internacionales de la Bolsa de Cereales. En febrero de 2008, Rusia dispuso una alícuota del 30 por ciento para los despachos al exterior de cebada y del 40 por ciento para el trigo. Liboreiro explicó que incluso Brasil hace dos años implementó retenciones elevadas para el tabaco para determinados mercados.

A principios de este año, China hizo lo propio con una tasa del 20 por ciento a las exportaciones de trigo, del 25 por ciento a los derivados del cereal, del 5 por ciento a las ventas externas de maíz, arroz y soja y del 10 por ciento a los subproductos de estos cultivos. Rusia, Brasil y China son tres de las cuatro potencias económicas emergentes del nuevo siglo. En ninguna de ellas existe el desproporcionado cuestionamiento a una medida imprescindible de una estrategia de desarrollo integrado. Aquí, en cambio, el poder económico dominante de comienzos del nuevo siglo no se priva de sumar confusiones a un debate necesario sobre el proyecto de país. A esta altura es asombrosa la sucesión de inexactitudes que a lo largo del conflicto se siguen repitiendo sobre los Derechos de Exportación móviles a cuatro cultivos del agro. Muchos lo hacen por desconocimiento y otros por especulación política. El antídoto en estos casos, sin garantía de efectividad frente a ese virus, es la información.

Una de esas dosis, que ha sido ignorada en estos meses, apunta a destacar que otras dos actividades que basan su producción en la extracción de recursos naturales (petróleo y sus derivados y la minería) también tienen aranceles aduaneros a sus exportaciones. La situación de la minería es controvertida porque, si bien en diciembre pasado el Gobierno anunció un demorado y tibio esquema de retenciones sobre las despachos externos de minerales, que dependiendo del yacimiento de cobre y oro oscilan entre un 5 y un 10 por ciento, esa actividad extractiva de riquezas naturales tiene insignificantes controles por parte del Estado.

En cambio, el caso del crudo es interesante precisarlo porque se asemeja al proceso de las materias primas agrarias. El barril cotiza en valores máximos históricos, al tocar los 145 dólares. Se trata de una situación extraordinaria del mercado petrolero, que tiene indudable impacto en los precios de los combustibles, como se puede observar en las protestas por el alza de las naftas en varios países de Europa y en Estados Unidos. La primera pregunta que surge, entonces, para tratar de comprender el descalabro conceptual que ha provocado la rebelión de un sector del campo privilegiado es:

¿Cómo es el régimen de Derechos de Exportación para el petróleo?

La respuesta: móvil, para tratar de aislar el fuerte shock externo en los precios locales de los combustibles, incluido el gasoil, que es utilizado, entre otros, por la producción agropecuaria.

Otra pregunta no menos importante es:

¿Cuál es la tasa del arancel aduanero que se aplica a las exportaciones de crudo y sus derivados?

La respuesta: con la cotización record del barril en 145 dólares, alcanza el abultado 71 por ciento. Semejante porcentaje surge de la resolución 394 del año pasado. Por lo que se conoce hasta ahora, no hubo solicitadas incendiarias, editoriales de indignación, presentaciones judiciales de petroleras ni preocupación de miembros de la Corte Suprema por la “confiscatoriedad” de la tasa resultante de ese oportuno régimen de Derechos de Exportaciones móviles.

El tributarista Arnaud Iribarne explica, en un documento ya mencionado en esta columna, Principios constitucionales aplicables a los derechos de exportación, que “se sostiene apasionadamente que el 33 por ciento sería el límite que establece la Constitución. En el texto de la Constitución nacional no existe ese límite ni la Corte Suprema lo ha establecido con criterio general”. Recuerda que existe un caso de impuesto sucesorio de los años ’30 del siglo pasado que superaba este porcentaje y dos fallos más sobre impuesto inmobiliario rural y otro sobre contribución de mejoras en los cuales también se aplicó el tope del 33 por ciento. Pero destaca que “en los tres casos se trataba de impuestos al patrimonio, nunca sobre la renta”. Por su parte, los abogados Beinusz Szmukler y Eduardo Tavani, presidente y secretario general de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, informan que “el tope del 33 por ciento, establecido por la jurisprudencia de la Corte Suprema… no resulta aplicable en materia de impuestos indirectos y/o de aquellos que cumplen una función extrafiscal, de regulación económica y social, como es el caso de los impuestos aduaneros a la importación y exportación, o destinados según el alto tribunal al “desa-rrollo pleno y justo de las fuerzas económicas” (Fallos 243:98). En materia aduanera, cabe recordar el precedente “Montarcé” (1974, Fallos 289:443), en el que estableció que no es aplicable el tope del 33 por ciento, cuando hay “razones que hacen a la promoción de los intereses económicos de la comunidad y su bienestar”. Y enseñan que “el impuesto a los beneficios extraordinarios ha tenido pacífica acogida jurisprudencial y doctrinaria, con sustento en la cláusula constitucional de progreso económico con justicia social”.

A mediados de noviembre del año pasado se estableció, mediante un complejo esquema de movilidad, que las petroleras recibirán un ingreso tope de 42 dólares por barril exportado. A partir de ese valor, cualquier aumento de precios a nivel internacional que experimenten los productos petroleros que se exportan queda para el Estado. También se aplicaron fuertes subas a los aranceles para los despachos al exterior de naftas. Cuando se dispuso ese régimen de movilidad, el crudo cotizaba a 95 dólares; ahora se ubica en 145. En general, los analistas bienintencionados reclaman de una administración la capacidad de adelantarse a problemas que puedan afectar la calidad de vida de la mayoría, además de brindar señales al sector privado para que desarrollen sus negocios con cierta previsibilidad, lo que no implica que los empresarios tengan que estar necesariamente de acuerdo, pero éstos saben cuáles son las reglas de juego. El Derecho de Exportación de hidrocarburos fue creado en 2002 mediante la Ley de Emergencia 25.561 y a través de la Ley 26.217, sancionada en diciembre de 2006, fue extendida esa medida hasta enero de 2012.

Cuando el 11 de marzo se dispusieron las retenciones móviles para la soja, el trigo, el maíz y el girasol, la primera cotizaba a 500 dólares promedio la tonelada, cuando a principios de febrero se negociaba a 300. Se estableció entonces una curva creciente de porcentajes del arancel donde los lejanos 600 dólares era el precio máximo. Hoy, apenas cuatro meses después, la soja superó ese valor que muchos economistas evaluaban como poco probable y, por lo tanto, les permitía sentenciar, con esa autoridad que brinda haber participado en planes económicos que fracasaron, que era una torpeza mayúscula del ex ministro de Economía Martín Lousteau plantear un esquema de retenciones móviles con una soja a 600 dólares. El secretario de Hacienda de Raúl Alfonsín, Mario Brodersohn, fue el más enfático en sostener ese supuesto error que cometió el joven economista. Hoy como líder de la consultora Econométrica, en mayo pasado, Brodersohn escribió el informe “No se puede creer…”, que con atrevida suficiencia dictaminaba que “escapa al sentido común entender el capricho del gobierno en seguir con su planteo de retenciones móviles que conducen a un impuesto del 95 por ciento sobre el excedente de un precio internacional de la soja superior a los 600 dólares la tonelada. En efecto, hasta ahora siempre el precio fue bastante inferior a los 600 dólares, aun en plena euforia internacional. El gobierno se encerró en un planteo abstracto sobre un excedente no esperado de 600 dólares y está incurriendo en un costo político más elevado que si hubiesen modificado las retenciones. Más advirtiendo que ‘conceder’ el marginal del 95 por ciento no tiene ningún costo fiscal”. Brodersohn estuvo preciso en el título de su documento. Esta semana la cotización de la soja cerró en 610 dólares la tonelada.